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Regulación de Parcelaciones Rurales: Un Proyecto con Buenas Intenciones y Desafíos Pendientes
 

El fenómeno de las parcelaciones rurales ha sido una problemática creciente durante más de 20 años, intensificándose aún más durante la pandemia. Este proceso ha provocado la pérdida de tierras agrícolas valiosas, transformándolas en desarrollos sin regulación adecuada. En respuesta, el Presidente ingresó el 30 de julio de 2024 un proyecto de ley en la Cámara de Diputados con el objetivo de regular el uso del territorio rural y frenar esta situación.

 

Si bien es válido debatir sobre la necesidad de esta ley y si no bastarían las actuales facultades fiscalizadoras, es positivo que se intente abordar el problema de manera integral, integrando conceptos propuestos por autoridades como las Seremi Minvu y la Superintendencia del Medio Ambiente.

 

El proyecto de ley enfrenta varios desafíos: históricamente, al menos 13 proyectos similares han fracasado desde 1992. Esto evidencia la necesidad de aprender de los errores del pasado para que esta vez la regulación tenga éxito. Sin embargo, el contenido del proyecto actual parece estar en contradicción con su objetivo de simplificación. Plantea un proceso excesivamente complejo y lleno de permisos y autorizaciones descoordinadas, lo que no va en línea con la meta de agilizar trámites administrativos.

 

Además, se observa que los servicios públicos encargados de las autorizaciones previas, como el SAG, Conaf y DGA, ya han sido señalados por su falta de eficiencia, lo que genera cuellos de botella en los procesos. El proyecto no incluye mejoras para estos organismos ni mecanismos que otorguen certeza a los particulares, como procedimientos reglados o plazos definidos. Una propuesta alternativa sería implementar un sistema de ventanilla única electrónica para simplificar y acelerar los trámites.

 

En conclusión, aunque el esfuerzo legislativo es encomiable, es necesario revisar el proyecto en su conjunto para evitar que su aplicación sea contraproducente. De no hacerlo, se corre el riesgo de que continúe el desarrollo rural no regulado, perpetuando la problemática que busca resolver.