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La incapacidad por demencia y sus efectos en el Derecho chileno

 

 

En el ámbito jurídico, uno de los temas más relevantes en materia de capacidad civil es la incapacidad derivada de la demencia. El ordenamiento jurídico chileno regula de manera estricta los actos realizados por personas que padecen trastornos mentales que afectan su discernimiento, con el fin de proteger tanto su patrimonio como sus derechos personales. Este artículo analiza, a partir de jurisprudencia y normativa vigente, las consecuencias de declarar la incapacidad absoluta o relativa por demencia y su impacto en los actos jurídicos.

 

La capacidad y la incapacidad en el Código Civil chileno

 

El Código Civil distingue entre personas plenamente capaces y aquellas que, por determinadas circunstancias, se consideran incapaces de ejercicio. Dentro de estas últimas se encuentran quienes sufren de demencia, figura que reviste particular importancia al momento de evaluar la validez de sus actos.

 

• La demencia constituye una causal de incapacidad absoluta, lo que significa que la persona afectada no puede ejercer por sí misma actos jurídicos válidos, debiendo siempre ser representada.
• La jurisprudencia chilena ha reiterado que los actos celebrados por una persona declarada demente carecen de eficacia, pudiendo ser anulados si se demuestra su estado de incapacidad al momento de la celebración.

 

Requisitos para la declaración de demencia

 

Para que el estado de demencia produzca efectos legales, es necesaria la declaración judicial de interdicción. Este procedimiento tiene por objeto:

1. Determinar médicamente el estado de salud mental de la persona.
2. Nombrar un curador que la represente en todos los actos civiles.
3. Inscribir la resolución en el Registro Civil, para que tenga efectos frente a terceros.

No obstante, la doctrina reconoce que incluso sin sentencia firme, los actos celebrados por un demente pueden ser atacados si se demuestra que en el momento de otorgarlos carecía de discernimiento suficiente.

 

Consecuencias en los actos jurídicos

 

Un punto central es que los actos celebrados por una persona con demencia se consideran absolutamente nulos cuando la incapacidad está declarada judicialmente. Sin embargo, si aún no existe interdicción, la nulidad puede discutirse a través de la prueba del estado mental en el momento preciso del acto.

 

• Ejemplo: si una persona con demencia vende un inmueble sin representación de su curador, dicho contrato puede ser declarado nulo por falta de capacidad legal.
• Esto protege no solo al afectado, sino también al sistema jurídico, otorgando seguridad en las transacciones.

 

Jurisprudencia reciente

 

Los tribunales han debido pronunciarse reiteradamente sobre casos de ventas, mandatos, testamentos y donaciones otorgadas por personas con demencia. En general, la jurisprudencia ha reafirmado que:

 

• La demencia comprobada invalida el acto, aun cuando no existiera interdicción previa.
• El curador designado tiene amplias facultades de representación, pero siempre bajo control judicial.
• En materia sucesoria, un testamento otorgado por un demente es radicalmente nulo, al carecer el otorgante de la necesaria capacidad.

 

Importancia práctica para abogados y familiares

 

La regulación de la incapacidad por demencia tiene gran relevancia práctica en la vida cotidiana:

 

• Familiares deben estar atentos a iniciar a tiempo el procedimiento de interdicción para proteger a la persona.
• Abogados deben analizar cuidadosamente la capacidad del cliente antes de la celebración de un acto jurídico, evitando futuras nulidades.
• En el ámbito sucesorio, se debe tener especial cuidado al otorgar testamentos o aceptar herencias cuando hay indicios de demencia.

 

Conclusión

 

La incapacidad por demencia en Chile es un mecanismo de protección que resguarda los derechos de las personas afectadas y la seguridad jurídica de terceros. Los actos jurídicos realizados por quienes padecen esta condición son objeto de especial control judicial, reforzando la importancia de contar con asesoría legal especializada en estos casos.

En definitiva, la jurisprudencia y la doctrina convergen en un mismo punto: la protección del demente y de la sociedad frente a actos que podrían carecer de validez y generar graves perjuicios patrimoniales.