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Marco Jurídico de los Terremotos en Chile: Legislación, Prevención y Responsabilidad

Chile es uno de los países más sísmicos del mundo debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, lo que ha obligado al Estado a desarrollar un ecosistema normativo robusto para enfrentar los riesgos asociados a terremotos. No existe una única “ley de terremotos”, sino un conjunto de normas y leyes interconectadas que abordan la prevención, la respuesta inmediata, la reconstrucción y la responsabilidad civil y financiera.

 

Este marco legal tiene como finalidad minimizar las pérdidas humanas, proteger la infraestructura crítica y garantizar la resiliencia de la sociedad, transformando cada desastre en una oportunidad para mejorar la normativa vigente.

La Ley N° 21.364 y el cambio institucional en la gestión del riesgo

 

Con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.364, Chile creó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), reemplazando a la antigua ONEMI.

Este cambio representó un paradigma en la gestión del riesgo, ya que dejó atrás un enfoque reactivo y se estableció un sistema integral, escalonado y coordinado desde el nivel comunal hasta el nacional. La ley otorga facultades para la planificación, organización y supervisión de todas las fases del riesgo, incorporando incluso la participación de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario.

Normativa técnica de construcción: la NCh433 y su evolución

 

Un pilar clave de la resiliencia sísmica en Chile es la Norma Chilena NCh433.Of96 sobre diseño sísmico de edificios, contenida en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Esta normativa establece que las edificaciones deben diseñarse para evitar el colapso, incluso en sismos de gran magnitud, aunque puedan presentar daños estructurales reparables.

 

Tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, se dictaron ajustes normativos mediante el Decreto N° 117 de 2010 y posteriormente el Decreto N° 61 de 2011, que mejoró los estándares de seguridad y reforzó los estudios geotécnicos. Este proceso refleja la capacidad del sistema chileno de aprender de cada desastre y transformar las lecciones en normas más estrictas y eficaces.

Ley N° 16.282 y la respuesta inmediata frente a catástrofes

 

La Ley N° 16.282, vigente desde 1965, sigue siendo la herramienta fundamental del Estado para enfrentar emergencias. Esta norma permite al Presidente de la República declarar zonas de catástrofe, otorgando facultades extraordinarias como:

• Eximir de licitaciones públicas en la contratación de servicios de emergencia.
• Autorizar donaciones estatales y privadas para la ayuda inmediata.
• Suspender remates y subastas judiciales en las zonas afectadas.

Este marco legal ha demostrado ser flexible y eficaz, garantizando una respuesta ágil y coordinada en situaciones de crisis.

Subsidios, donaciones y fondos de reconstrucción

 

En la etapa posterior al desastre, la ayuda se canaliza principalmente a través de:

 

• El Bono de Recuperación, que se otorga de manera automática según el nivel de daño evaluado por la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), evitando trámites burocráticos.
• Las leyes de donaciones, que ofrecen beneficios tributarios para incentivar el aporte privado en catástrofes.
• El Fondo Nacional de Reconstrucción (Ley N° 20.444), que financia obras de restauración a largo plazo.

 

Este sistema demuestra una sofisticación legal que diferencia entre ayuda inmediata y reconstrucción estructural, garantizando liquidez en la emergencia y sostenibilidad en la recuperación.

Responsabilidad civil y financiera frente a terremotos

 

La Ley N° 19.472 modificó la Ley General de Urbanismo y Construcciones, estableciendo una responsabilidad objetiva para las inmobiliarias y constructoras frente a daños ocasionados por defectos constructivos, incluso en caso de terremotos.

 

Esto significa que no es necesario probar negligencia, basta con demostrar la existencia de fallas o vicios de construcción. Los tribunales han sostenido que en un país sísmico como Chile, los terremotos no pueden considerarse “imprevisibles”, por lo que las empresas deben asumir su responsabilidad.

 

En paralelo, el Estado ha incorporado instrumentos financieros innovadores como los bonos catastróficos (Cat Bonds), emitidos en coordinación con el Banco Mundial, que aseguran liquidez inmediata tras un evento sísmico severo.

Conclusiones y perspectivas

 

El marco jurídico chileno frente a los terremotos es uno de los más avanzados del mundo. En lugar de una sola ley, existe un sistema integral que combina prevención, respuesta, reconstrucción, responsabilidad civil y financiamiento del riesgo.

 

Entre los principales desafíos se encuentran:

 

• La actualización permanente de la normativa técnica en función de los avances científicos.
• El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional del SINAPRED.
• La adaptación del sistema a nuevas amenazas derivadas del cambio climático.

 

La experiencia chilena constituye un modelo de resiliencia jurídica y política, donde cada terremoto se transforma en una oportunidad para reforzar la seguridad, la planificación y la confianza ciudadana.